✓ El funcionario de Quintana Roo fue detenido por el delito de trata de personas, de acuerdo con las investigaciones
✓ El detenido, Ulises Fernando N, de 30 años, habría utilizado su cargo para amenazar a las víctimas de 18 y 25 años, imponerles multas y exigirles la mitad de sus ganancias, según las indagatorias.
Monitor Online
En Quintana Roo, dos jóvenes eran ofrecidas para prestar servicios íntimos a través de plataformas digitales y 11 grupos de WhatsApp por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien utilizaba su cargo para amenazarlas, imponerles multas y quedarse con la mitad de sus ganancias.
El presunto responsable fue identificado como Ulises Fernando N, de 30 años, quien trabajaba como fiscal del Ministerio Público y fue detenido por agentes de la Policía de Investigación mediante una orden de aprehensión por el delito de trata de personas.
De acuerdo con las investigaciones, el funcionario habría aprovechado su posición dentro de la Fiscalía para mantener bajo amenazas a las 2 mujeres, de 18 y 25 años, quienes eran obligadas a ofrecer servicios íntimos.
Las indagatorias señalan que Ulises Fernando promocionaba a las jóvenes en plataformas digitales y en al menos 11 grupos de WhatsApp, donde ofrecía los encuentros que posteriormente se realizaban en dos inmuebles de la ciudad de Cancún.
Además, el investigado se quedaba con el 50 por ciento de las ganancias obtenidas por las víctimas y les imponía multas económicas cuando se negaban a prestar los servicios.
El pasado 2 de octubre, agentes de investigación realizaron cateos en dos viviendas ubicadas en las supermanzanas 23 y 520, donde rescataron a las jóvenes y localizaron indicios relacionados con el caso.
Las diligencias permitieron avanzar en las investigaciones contra el fiscal del Ministerio Público, señalado por utilizar su cargo público para explotar a las víctimas.
Tras su detención, Ulises Fernando N quedó a disposición de un juez de control, quien determinó imponerle prisión como medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial por el delito de trata de personas.