Francisco Javier Robles / 10 de febrero
La abogada, aspirante a ombudsperson en Quintana Roo, María Teresa Paredes Hernández, lamentó en entrevista que no se ha hecho bien el trabajo de defensoría de derechos humanos en el estado.
“Te voy a decir por qué no: lo primero es que no tenemos una normativa que regule el proceso para integrar las quejas. Desde ahí estamos mal”.
“Citas a comparecer a un servidor público que es el peor violador de los derechos humanos, pero lo citas y no le dices que comparezca con abogados; va a salir una recomendación para la dependencia a la que pertenece. ¿Sabes cuándo lo vas a poder inhabilitar? ¡Nunca! Porque compareció sin abogado”.
La coordinadora nacional de la Comisión de Igualdad y Género del Colegio de Abogados de México explicó que la clara muestra de lo mal que andamos en procuración de derechos humanos en Quintana Roo, es la impunidad con que se trató el caso de represión a balazos a manifestantes y periodistas frente al Palacio Municipal de Cancún, el 9 de noviembre de 2020.
“Todo mundo se quedó asombrado cuando le dispararon a periodistas y manifestantes, ¿qué ha pasado? ¡Nada! Se cerró el caso, en Quintana Roo se cerró el tema, en Quintana Roo se le pretende dar carpetazo, en Quintana Roo la reparación del daño fue mínima. ¡Ese problema te refleja cómo estamos!”.
SE TRAMA UNA IMPOSICIÓN
Después de que este martes compareció ante el Congreso del Estado para presentar sus cartas y méritos al cargo, en entrevista sostuvo que desde la XVI Legislatura se está fraguando una imposición en la Cedhqroo.
“Sinceramente, creo que es una simulación y es mero trámite. No está parejo el piso para los aspirantes, se está jugando con la autonomía del organismo autónomo, está en entredicho la autonomía del organismo. Hay un claro conflicto de intereses”.
Insistió en que es inconstitucional la postulación de la verde-ecologista, Judith Villanueva, y la panista, Susana Martínez, pues la reforma local que hicieron a modo para que pudieran participar viola flagrantemente el Artículo 112, Inciso B, Párrafo Octavo, de la Constitución Mexicana, y el Artículo 94, de la Constitución de Quintana Roo.
“Ambas han sido transgredidas por esta reforma, el conflicto de Intereses está claramente previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Reclama que la modificación a la ley la hizo la propia Judith Villanueva, de la mano de su ex esposo y ex asesor en la Comisión de Derechos Humanos, César Cervera Paniagua, y quien además es candidato a ombudsman.
La activista y representante de victimas de trata de blancas dio a conocer que existen dos amparos promovidos por organizaciones civiles, y que ella interpondría un tercero, si se llega a concretar la designación amañada a favor de algún político o funcionario.