✓ Sinaloa encabeza la estadística con 68, le siguen Chiapas, Morelos y Jalisco
✓ Colectivos civiles denuncian la ineficacia de las Alertas de Género, y de los mecanismos de protección estatal y la impunidad estructural
Monitor Online
Claudia, Karla, Elizabeth… los nombres de una decena de mujeres asesinadas en los últimos siete días volvieron a poner sobre la mesa la crisis de violencia feminicida que golpea al país. De acuerdo con datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al menos 406 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 en crímenes tipificados como feminicidio, la mayoría concentrados en entidades azotadas por la violencia del crimen organizado.
Tan solo esta semana, los feminicidios de Claudia Tacoronte —alumna española de 21 años que realizaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)— y de Karla Margarita Pérez Jiménez —estudiante de sexto semestre de Medicina en una institución privada de Jalisco— reactivaron las protestas de jóvenes y colectivos feministas contra una realidad que sigue lacerando al país.
A estos casos se sumaron otros episodios de barbarie: dos feminicidios en Chiapas derivados de agresiones sexuales (entre ellos el de una niña de 12 años) y el ataque armado contra una mujer mientras descansaba en su domicilio en Sinaloa.
Aunque las autoridades locales han intentado calificar estos hechos como “casos aislados” —postura manifestada por el presidente del Congreso de Morelos, el diputado morenista Isaac Pimentel Mejía, y sugerida por la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia—, las estadísticas oficiales contradicen sus declaraciones.
Los crímenes de esta semana se perpetraron precisamente en los estados que encabezan las listas de víctimas y de carpetas de investigación abiertas por este delito. Sinaloa, Morelos, Chiapas y Jalisco se ubican firmemente entre las diez entidades con mayor incidencia de violencia feminicida.
✓ Geografía del horror: los estados con más casos
Según las cifras concentradas por el Secretariado Ejecutivo, Sinaloa se posiciona por amplio margen como el estado más peligroso para las mujeres, registrando 68 feminicidios en los primeros ocho meses del año.
El panorama nacional de los diez estados con mayor incidencia se distribuye de la siguiente manera:
Sinaloa: 68 casos.
Estado de México: 31 casos.
Chiapas: 27 casos.
Tamaulipas: 26 casos (entidad que recientemente conmocionó al país tras el feminicidio de Dafne, una menor de 13 años asesinada dentro de una academia militarizada).
Ciudad de México: 24 casos.
Chihuahua: 22 casos.
Morelos: 21 casos (donde recuentos periodísticos locales advierten que al menos cinco universitarias han sido asesinadas en los últimos 15 meses).
Sonora: 18 casos.
Jalisco: 17 casos.
Guanajuato: 15 casos.
Caso Tacoronte desata
✓ Caso Claudia Tacoronte desata alertas internacionales
A Claudia Tacoronte la mataron para robarle el teléfono celular. Esa es la narrativa con la que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y el gobierno estatal han intentado encuadrar el crimen para desvincularlo de la crisis estructural de la entidad. Sin embargo, a nivel internacional el suceso evidenció la falta de garantías de seguridad para las mujeres jóvenes.
Tras el asesinato, la Universidad de Granada —institución de origen de la víctima— y la Universidad de La Laguna suspendieron de inmediato sus convenios de intercambio con universidades de Morelos, argumentando una falta absoluta de seguridad para su alumnado y denunciando la inacción institucional ante la acumulación de casos de estudiantes asesinadas.
Otras instituciones españolas optaron por mantener sus acuerdos bajo reserva. La Universidad Autónoma de Barcelona informó al diario El Mundo que ofreció la repatriación a sus dos estudiantes matriculados en Morelos, aunque estos decidieron continuar con su estancia. Por su parte, la Universidad de Extremadura tampoco canceló sus convenios.
“Urge que el entorno académico se tome en serio la seguridad”, declaró la Fundación Europea Sociedad y Educación, matizando al diario barcelonés que, si bien el bloqueo de la internacionalización no es la solución definitiva, las medidas responden a una emergencia innegable. En paralelo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que agrupa a 77 instituciones públicas y privadas, calificó la tragedia como “irreparable” y llamó a actuar con extrema sensibilidad.
La respuesta diplomática fue encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien confirmó la asistencia consular a la familia Tacoronte para exigir el esclarecimiento del crimen. Actualmente, el gobierno español mantiene a Morelos catalogado como “zona de riesgo” en sus recomendaciones de viaje.
A las condenas públicas se sumaron la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mientras que las autoridades delegadas en Andalucía mantienen coordinación permanente con la sede diplomática en México.
✓ Jalisco y Morelos: Alertas de Género rebasadas y sin resultados
Apenas cinco días después del crimen en Morelos, la historia se repitió en Jalisco. Karla Margarita Pérez Jiménez, quien al igual que Claudia había sido reportada inicialmente como desaparecida, fue localizada sin vida y con huellas de violencia en un camino de Zapopan. Ambas jóvenes fueron agredidas con armas blancas. Aunque las autoridades confirmaron la detención de los presuntos responsables en ambos casos, las organizaciones civiles advierten que la justicia formal está lejos de alcanzarse.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió este viernes la reactivación y revisión inmediata de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Jalisco y Morelos. El organismo señaló que el repunte de violencia demuestra una preocupante falta de evaluación, continuidad y transparencia en la aplicación de estos mecanismos de emergencia.
“Las protestas por el feminicidio de ambas jóvenes no pueden ser ignoradas ni minimizadas como un problema menor; se trata de una emergencia presente en todo el territorio nacional”, advirtió el OCNF.
La organización recordó que ambos estados operan bajo este mecanismo desde hace años: Morelos implementó la AVGM en 2015 (hace 11 años) y Jalisco la activó a nivel estatal en 2018 (hace ocho años). Ambas alertas cubren explícitamente a los municipios donde se perpetraron estos últimos crímenes: Cuautla y Zapopan.
Para el OCNF, la desaparición seguida del hallazgo sin vida de las estudiantes obliga a cuestionar la efectividad real de las políticas de prevención locales. Calificó el panorama actual como una “omisión institucional generalizada” por parte de los tres niveles de gobierno, la cual no puede normalizarse mientras la violencia feminicida siga cobrando vidas en el país.