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Chetumal, Quintana Roo, 25 de junio de 2026.– El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo expresó su respaldo a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Comité Ejecutivo Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversas disposiciones de la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado.
La presidenta del CDE del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, señaló que esta acción jurídica tiene como propósito defender los principios democráticos, la pluralidad política y la representación efectiva de las y los ciudadanos en los ayuntamientos de la entidad.
“Esta reforma afecta la integración plural de los cabildos y limita la representación de miles de ciudadanos que, a través de su voto, respaldan opciones políticas distintas a la fuerza ganadora. La democracia no se trata únicamente de quién gana una elección, sino también de garantizar que todas las voces con respaldo ciudadano tengan espacios de participación y representación”, afirmó.
Entre los aspectos impugnados destaca la eliminación de la posibilidad de que las candidatas y candidatos a las presidencias municipales y sindicaturas que obtengan una votación significativa, aun sin alcanzar el triunfo electoral, puedan acceder a los cabildos mediante el principio de representación proporcional, mecanismo que durante años ha contribuido al equilibrio democrático y al fortalecimiento de los gobiernos municipales.
Castilla Madrid destacó que la diversidad de opiniones y la existencia de contrapesos son elementos esenciales para una gestión pública más transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía.
“Desde el PRI seguiremos utilizando todas las herramientas legales e institucionales a nuestro alcance para defender los derechos político-electorales de las y los quintanarroenses y para evitar cualquier retroceso que debilite nuestra democracia”, subrayó.
El PRI Quintana Roo reiteró su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará un análisis objetivo y apegado a los principios constitucionales para garantizar la protección de los derechos de representación política de la ciudadanía.
Con esta acción, el PRI refrenda su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la legalidad y la defensa de un sistema político incluyente que permita la participación efectiva de todas las expresiones ciudadanas.