✓ Cualquier diferencia relacionada con aportaciones económicas, participación societaria o rendición de cuentas debía resolverse ante instancias civiles o mercantiles, y no en la vía penal, informaron en conferencia de prensa
Monitor Online
Cancún, Quintana Roo.- La defensa legal de Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova informó que un Juez de Control decretó el sobreseimiento total de la causa penal iniciada en su contra por los delitos de fraude y robo agravado en casa habitación, al concluir que los hechos imputados no constituían delito y que, en el caso del presunto fraude, la acción penal se encontraba prescrita.
Durante la audiencia que duró más de 17 horas, la defensa presentó diversos datos de prueba, entrevistas, facturas y documentos que, según expuso, permitieron acreditar que el conflicto denunciado por Luis Justo Carrión Cuéllar derivaba de una controversia de carácter civil y mercantil relacionada con el proyecto “Itzá Bar & Brasa”, ubicado en Bacalar.
De acuerdo con la resolución judicial, existían elementos para considerar que entre las partes se desarrolló una sociedad irregular de hecho, por lo que cualquier diferencia relacionada con aportaciones económicas, participación societaria o rendición de cuentas debía resolverse ante instancias civiles o mercantiles, y no en la vía penal.
Respecto al delito de fraude, el juez determinó que no se acreditaban elementos esenciales del tipo penal, particularmente el engaño, ya que las pruebas presentadas mostraban la existencia de un proyecto comercial en operación, inversiones materiales y participación activa de las partes involucradas. Asimismo, resolvió que la acción penal había prescrito debido a que la querella fue promovida fuera de los plazos legales establecidos.
En relación con el delito de robo agravado en casa habitación, el órgano jurisdiccional concluyó que tampoco se configuraban los elementos del ilícito, al acreditarse que Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova residían en el inmueble con consentimiento del denunciante y que parte importante de los bienes retirados eran de su propiedad, respaldados mediante facturas y testimonios.
La resolución judicial tuvo como efecto la extinción total de la acción penal y el cierre definitivo del proceso, con efectos equivalentes a una sentencia absolutoria.
Finalmente, la defensa señaló que esta determinación confirma que el derecho penal no debe utilizarse como mecanismo de presión en controversias patrimoniales o mercantiles. Por su parte, Samuel Jaime Acuña Jenkin y Viktoriya Ankudinova indicaron que continuarán ejerciendo las acciones legales correspondientes para la protección de sus derechos e integridad, tras las afectaciones personales, económicas y emocionales sufridas durante el proceso, incluida la privación de la libertad de Viktoriya Ankudinova durante 47 días.