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Chetumal,Quintana Ro a 1 de octubre de 2025.- Con la convicción de proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a delitos de índole sexual, el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que plantea reformas de gran calado al Código Penal de Quintana Roo, a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. La propuesta tiene un objetivo claro y contundente: inhabilitar a personas condenadas por delitos sexuales para desempeñar cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educativos o de contacto directo y habitual con menores de edad, garantizando así que nunca más tengan acceso a entornos donde puedan reincidir y dañar a los sectores más vulnerables.
En la exposición de motivos, Alday Nieto destacó que las agresiones sexuales dejan huellas permanentes en la vida de las víctimas, afectando su salud emocional, física y social. Subrayó que es necesario cerrar todas las puertas a los agresores para que jamás vuelvan a dañar a una niña o un niño, y que la protección integral de la infancia no puede esperar. La propuesta contempla la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, que formará parte de la Plataforma de Información en materia de Seguridad Ciudadana. Dicho registro no será de acceso público, sino que estará disponible exclusivamente para autoridades de seguridad, justicia y protección social, evitando así la vulneración de derechos humanos como la presunción de inocencia y la reinserción social.
La iniciativa toma como referencia experiencias exitosas de derecho comparado en países como España, Chile y Canadá, donde se han creado mecanismos de control similares con el propósito de impedir que personas sentenciadas trabajen en ambientes relacionados con menores. Asimismo, atiende los compromisos internacionales que México ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y las mujeres. En palabras del legislador, se trata de una medida preventiva, no punitiva en exceso ni estigmatizante, sino de un instrumento que busca proteger a nuestras infancias y garantizar espacios seguros en escuelas, centros culturales, deportivos y sociales.
El diputado señaló que la propuesta es resultado de un ejercicio de Parlamento Abierto en el que participaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Fiscalía General, la Barra de Abogados Colegio de Profesionistas de Quintana Roo, la COPARMEX, así como representantes de la sociedad civil. Escuchar las voces de expertos, colectivos ciudadanos y actores sociales fue fundamental para diseñar una iniciativa sólida, ética y viable, pues no se trata solo de una obligación legal, sino de una responsabilidad moral con nuestras niñas, niños y adolescentes.
Entre las reformas contempladas se incluye la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal, que establece sanciones de inhabilitación de entre 6 meses y hasta 25 años para agresores sexuales en distintos delitos; la adición de una fracción en la Ley de Seguridad Ciudadana que integra el registro de agresores sexuales a la Plataforma de Información estatal; así como nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para integrar y actualizar el registro, y verificar anualmente que ninguna persona inhabilitada se encuentre laborando en instituciones educativas, deportivas o culturales.
No basta con castigar; es imperativo prevenir. La infancia y adolescencia de Quintana Roo merece vivir libre de violencia, y como representantes populares tenemos la obligación de garantizarlo.Finalizó el legislador.